40- Génesis del peronismo

 La génesis del Peronismo

El surgimiento de Juan Domingo Perón como figura política

Perón había participado en el golpe de 1930, pero no había figurado bajo las huestes de Uriburu sino que impulsó el retorno a la legalidad que llevó al gobierno al Gral. Justo. Bajo su presidencia, Perón fue secretario del Ministro de Guerra (es decir, tuvo, desde un puesto inferior, una experiencia gubernativa) y también fue enviado en misión oficial a Italia, en 1939, bajo el gobierno de Ortiz.

Con la asunción de Ramírez el 7 de junio de 1943, fue nombrado jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra, pero no era el puesto que le servía para su proyecto político, por lo que solicitó un destino más modesto aun; el Departamento Nacional del Trabajo, del que se hizo cargo en octubre. Por la envergadura que quería darle, solicitó se eleve el rango a secretaría y así se hizo, creándose la Secretaría de Trabajo y Previsión, de la cual, en noviembre, asume como secretario.

 

El principio de la justicia social

Perón, como militar, había viajado a lo largo del país, conocía los problemas y la profunda pobreza en todas sus regiones. En 1936 fueron declarados «inaptos» un altísimo porcentaje de los jóvenes que debían presentarse al servicio militar obligatorio, al estar enfermos o con problemas por la mala alimentación.

Según Mariano Plotkin, antes de 1943 la Argentina carecía de un sistema estructurado para la provisión de servicios y asistencia social, cuya legislación estaba limitada, en general, a leyes aisladas, y el sistema de jubilación era totalmente inadecuado y estaba en constante déficit. La responsabilidad sobre los servicios para la salud pública estaba, en gran parte, en manos de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, una institución oficial dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto desde 1908, creada por Rivadavia para quitarle a la Iglesia Católica el control sobre la caridad. Administraba en 1934 hospitales, maternidades y asilos. Los fondos eran provistos, en mayor parte, por el Estado y apenas una pequeña proporción provenía de donaciones privadas. En ciertas épocas del año los niños internados en asilos y orfanatos dependientes de esta institución eran enviados a pedir limosna por las calles, vestidos con los tristes uniformes que los caracterizaban.

Tanto el Ejército como la Iglesia se estaban preocupando por el tema de la «justicia social», debido a la pobreza extrema de gran parte de la población. Temían que los comunistas aprovecharan la situación y provocaran grandes disturbios sociales. La Iglesia consideró paliarlo por medio de la caridad organizando la Gran Colecta Nacional, y el Ejército prefirió tomar el ejemplo de la Italia fascista, donde se buscó el control y apoyo de las masas a través de una moderada política social.

 

El proyecto de Juan Domingo Perón

La aplicación del liberalismo en el mundo capitalista había sufrido grandes cambios tras la crisis económica de 1929/30. El economista inglés J. M. Keynes sostenía que el Estado tenía el deber de garantizar el funcionamiento del aparato productivo, mantener elevado el nivel de inversiones, sostener una política de pleno empleo y de consumo o inversión de capitales para equilibrar la situación de los países arrasados por la crisis.

Las propuestas keynesianas fueron seguidas por numerosos países. En el nuestro, el intervencionismo estatal se aplicó con el ministro Federico Pinedo durante la Década Infame, pero no se preocupó por la suerte de todos sus habitantes sino sólo por la de los productores agroexportadores que habían sido afectados por la caída de los precios de las materias primas.

A diferencia de Pinedo, Perón pensaba que era indispensable ocuparse de las clases trabajadoras. De su paso por Italia adquirió elementos para tratar de organizar a la sociedad argentina de acuerdo con un proyecto propio de alianza de clases, promoviendo el crecimiento de la industria e integrando a la clase obrera a la sociedad política. La crítica fundamental de las clases medias a sus planes se fundaba en que era un modelo tomado de un estado totalitario trasladado a un gobierno militar).

Perón necesitaba crear las bases sociales para que su proyecto industrial pudiera caminar. En la Secretaría de Trabajo y Previsión se abocó a fortalecer la relación con los sindicatos mediante la concesión de medidas muy concretas: hacer que las negociaciones de convenios colectivos de trabajo tengan implementación real, aumento de los montos de las indemnizaciones por despidos, inclusión en los contratos de cláusulas sobre vacaciones pagas, ampliación del sistema jubilatorio para empleados y obreros de industria y comercio, etcétera.

El movimiento laboral en el momento del golpe militar de 1943 era débil y estaba dividido en cuatro centrales gremiales: la más antigua, la FORA (Federación Obrera Regional Argentina, anarquista y muy debilitada por la represión de la Década Infame), la USA (Unión Sindical Argentina), la CGT Nº1 y la CGT Nº2 que tenían muy poca influencia sobre la clase trabajadora. Los sindicalistas veían con tentación la posibilidad de participar en la redistribución del poder político; por primera vez no se los trataba individualmente, sino como una fuerza social necesaria para impulsar un proyecto de país compartido por todos.

 

La propuesta económica

El importante desarrollo industrial de la época permitió a la naciente burguesía ampliar el mercado interno al aumentar el número de consumidores, es decir, más personas con posibilidad de comprar dentro de nuestro país.

De este modo, y en el contexto de posguerra, los industriales vieron en forma positiva cierto proteccionismo estatal. Un sector de la burguesía industrial (encabezado por el ministro Miguel Miranda) propició una alianza con la clase obrera y algunos sectores organizados de los grupos medios que definió un proyecto político a través del peronismo.

De este modo, se propuso pasar de una industrialización espontánea a una industrialización planificada desde el Estado, que redistribuyera el ingreso, estimulase la producción regional, controlase las importaciones, aumentase el empleo del sector público, invirtiera en infraestructura y en obras públicas que consolidasen la urbanización y llegase, con estas y otras medidas, a ampliar el mercado interno para los bienes de consumo que la Argentina ya producía.

 

Las relaciones con los terratenientes y los peones

Los terratenientes agroexportadores habían tenido grandes ganancias durante la larga hegemonía conservadora. Las medidas del gobierno militar no respetaron sus privilegios ni su predominio en la economía. Con el Estatuto del Peón (1944), se obligaba al sector agrario a casi duplicar los salarios de los peones del campo, aumentando los costos de producción, a fin de evitar el sistema de relaciones casi feudales que seguían existiendo entre patrón o encargado, y peones.

Perón intentó sindicalizarlos, incluyéndolos, como al resto de los trabajadores, en la legislación laboral, e iban a gozar de ocho días de vacaciones pagas, descanso dominical, salvaguardias contra el despido arbitrario, aguinaldo y jubilación. La SRA (Sociedad Rural Argentina) consideró impracticables estas medidas en el ámbito rural donde, según su interpretación, los trabajos no podían encasillarse en leyes ni medirse en horas. La oposición al Estatuto significaba la resistencia de la SRA a la intervención estatal en las relaciones laborales del campo, hasta entonces, un ámbito inviolable del propietario rural.

A los arrendatarios se los benefició congelando los arrendamientos que debían abonar a los dueños de las tierras, pese a la inflación existente. Más tarde tuvieron la posibilidad de adquirir esas tierras: entre 1948 y 1949 los chacareros arrendatarios se hicieron propietarios de aproximadamente un millón de hectáreas, proceso que continuó en los años siguientes. Por supuesto, esto tampoco conformó a los latifundistas.

La creación del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) asestó un duro golpe al agro: significaba el monopolio del comercio exterior, y las divisas pasaron a ser controladas por el Estado para la promoción industrial y la política social que estaba llevando a cabo. Los extraordinarios beneficios que las grandes empresas (como Bunge y Born) tenían por la compra de cereales a los pequeños y medianos productores para la exportación, cesaron debido a que debían venderle al Estado al precio que este fijara. Con la reducción de rentabilidad se disminuyó también el área sembrada, por esta política los latifundistas y exportadores estuvieron siempre en la vereda opuesta al peronismo.