32- La Década Infame (1930-1943)

 La década infame en Argentina (1930-1943)

El primer Golpe de Estado del siglo XX

El día anterior a las elecciones para renovación de las Cámaras, el general José Félix Uriburu destituyó un Golpe Militar al Gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. Muchos conocían noticias sobre el Golpe que se estaba gestando, y algunos se lo informaron al viejo Presidente, quien desestimó las versiones sin darles importancia.

Su gobierno era popular, y se suponía que en las elecciones se modificaría la composición de las Cámaras. Con una mayoría radical, sería posible finalmente sancionar la Ley de Nacionalización del Petróleo propuesta por Yrigoyen –demorada por no tener quórum propio en el Senado– con esta medida, sólo el Estado Nacional tendría la facultad de explorar y explotar la riqueza petrolera.

El Golpe de Estado lo impidió, y muchos de los dirigentes golpistas estaban vinculados con empresas petroleras extranjeras. La prensa opositora contribuyó a la campaña antiyrigoyenista, llenó a Yrigoyen de acusaciones falsas (como el supuesto saqueo del Banco Nación, derroche en la administración del Estado y malversación de fondos).

Existía, sí, una inoperancia en el Congreso –donde se demoraron meses para aprobar los pliegos de los nuevos Diputados– que desprestigió al Gobierno. Los trabajadores respondieron con indiferencia al Golpe de Estado, mientras tomaban el poder colaboradores vinculados con la oligarquía, con intereses terratenientes y empresas capitalistas europeas y estadounidenses.

 

Autoritarismo y fraude

Los militares que dieron el golpe encabezado por el general Uriburu y Justo, tenían dos ideologías distintas y un objetivo en común: derrocar a Yrigoyen. Evidentemente, el golpe era totalmente ilegal (por contravenir la Constitución) e ilegítimo (por no haber surgido de la mayoría de la población).

La Suprema Corte de Justicia trató de legalizar el Gobierno de Facto aduciendo razones «de orden público», reconoció a las nuevas autoridades como un «Gobierno de Hecho» y otorgó validez a sus actos: «cualquiera pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección».

A José Félix Uriburu le interesaba reformar la Constitución, porque su intención era modificar el sistema parlamentario representativo por uno corporativista: quienes estuvieran en el Congreso deberían ser delegados de las fuerzas vivas de la Nación, lo que significa que ya no surgiría su nominación de los partidos políticos, sino que debían ser propuestos por los grupos de poder que el gobierno considerara importantes –Ejército, Iglesia, Sindicatos, empresas–. Es decir, quería reemplazar el sistema democrático por uno fascista, pero no tuvo apoyo suficiente para imponerlo. Había disuelto el Congreso Nacional e intervenido las provincias, hecho que fue aceptado como situación provisoria por los otros golpistas. Pronto fue presionado por el sector liderado por Agustín P. Justo, que prefería la fachada liberal, convocando a elecciones para la restauración del Congreso y de los gobiernos provinciales.

Cuando Uriburu pensó que el radicalismo ya no tenía suficientes adeptos, convocó a elecciones libres el 5 de abril de 1931. Se equivocó: ganó el radicalismo. Uriburu anuló los comicios, porque no había llevado a cabo el Golpe de Estado para admitir a los radicales nuevamente en el gobierno, aunque sea el provincial. Es por ello, por lo que al convocar nuevamente a elecciones –esta vez presidenciales– vetó el nombre de Marcelo T. de Alvear y se preocupó de asegurar los resultados por medio del fraude.

Durante su Gobierno de 17 meses, los jueces opositores fueron exonerados. Los militares participantes fueron ascendidos y los defensores de la legalidad fueron castigados con prisión o destitución. El Estado de Sitio duró por primera vez un año y medio. El general Uriburu implantó la «Ley Marcial», reimplantando la pena de muerte. También impuso la clausura de diarios y la prisión del director del periódico Crítica, Natalio Botana.

A los opositores los castigó con la cárcel, que muchas veces incluía torturas. Deportó a ciudadanos. Intervino doce provincias, caducando los tres poderes en las mismas. También se interpuso en las Universidades, reduciendo su presupuesto y nombrando profesores por decreto.

Con el fraude electoral llegó al Gobierno el 20 de febrero de 1932 el golpista Gral. Agustín P. Justo, su Vicepresidente fue el hijo del ex presidente Julio A. Roca, que se llamaba como su padre. Las elecciones de 1937 tuvieron esas mismas características, y por medio de la violencia y el fraude asumieron la Presidencia, Roberto M. Ortiz y la Vicepresidencia, Ramón S. Castillo. Éste debió hacerse cargo del Gobierno en 1940 debido a licencia por enfermedad de Ortiz (que muere en 1942). Ortiz había querido comenzar a limpiar los procedimientos electorales, y desde su lecho de enfermo denunció la permisividad de Castillo frente al fraude en las elecciones provinciales.

Ramón Castillo prefería los métodos que aseguraran la continuidad a un régimen oligárquico: propiciaba como próximo presidente al terrateniente salteño conservador Robustiano Patrón Costas. Es por eso, por lo que, en el año de las elecciones, un grupo de oficiales nacionalistas, el GOU –del que hablaremos en el Capítulo VII– lleva adelante un Golpe Militar de signo ideológico opuesto al que detentaba el poder.