24- El gobierno de Yrigoyen

 El gobierno de Yrigoyen

Después de que la Convención Nacional de la UCR decidiera participar en las elecciones con la fórmula Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna, el radicalismo dirigió un manifiesto a la población por medio del cual convocaba a los comicios y establecía sus propósitos:

“…El país quiere una profunda renovación de sus valores éticos; una reconstitución fundamental de su estructura moral y material, vaciada en el molde de sus virtudes originarias. La Unión Cívica Radical es la Nación misma bregando desde hace veinticinco años por libertarse de gobiernos usurpadores y regresivos.”

En esta convocatoria ratificaban lo expresado en otros momentos: la no exclusión de ningún argentino que quisiera solidarizarse con la causa del “perfeccionamiento moral y político”, ni siquiera desechando a quienes en otro momento habían sido adversarios. Si bien se llamaban “radicales” eran conscientes de que no estaban proponiendo una política revolucionaria.

La decisión de no elaborar un programa específico, ni siquiera económico, generó opositores dentro del mismo partido. Probablemente las resistencias de Yrigoyen para definir su programa estuvieran relacionadas con el temor a perder parte del electorado necesario para llegar al gobierno.

 

Las elecciones de 1916

La Ley Sáenz Peña había permitido el triunfo radical en algunos gobiernos de provincias, y del Partido Socialista en la Capital Federal. Pero este último partido, fundado en 1896 por el médico Juan B. Justo, se había dividido. Alfredo Palacios fundó el Partido Socialista Argentino, que no tenía posibilidades de triunfar en el interior del país; sí las tenían la UCR y el Partido Conservador.

La UCR tenía fuerza en las clases medias urbanas y rurales del litoral, así como también en las dos provincias más industrializadas, Mendoza y Tucumán; y contaba, además, con algunos votantes de clase obrera. Los conservadores dominaban las demás provincias del interior y a los sectores ganaderos.

Las elecciones fueron reñidas, y a pesar de que Yrigoyen salió primero, no contaba con la mayoría absoluta en el Colegio Electoral. Pero los disidentes radicales dieron sus votos a Hipólito Yrigoyen, con lo cual se vio frustrado el intento de los conservadores de estar nuevamente en el poder.  Yrigoyen y Luna asumieron el mandato el 12 de octubre de 1916.

 

Intervenciones a las provincias

Una de las promesas electorales fue el respeto por las autonomías provinciales. Pero una vez en el mando, sostuvo que el respeto debía a ser hacia los pueblos, no hacia los gobiernos, y que por consiguiente tenía la obligación moral de proceder a la tarea reparadora que se había propuesto: que hubiera elecciones limpias, sin fraudes. Para ello era necesaria la intervención de las provincias, a fin de garantizar la libertad electoral.

Intervino provincias por decreto en unas quince oportunidades; apenas cuatro veces las intervenciones fueron hechas por ley, es decir, constitucionalmente. Para intervenirlas, Yrigoyen lo hacía durante la época de receso del Congreso, entre el 1º de octubre y el 30 de abril; los interventores debían normalizar la situación, convocar a comicios y acatar su resultado, sea cual fuere: lo que interesaba era acatar la “soberanía popular”.

 

La política laboral: entre la protección y la represión

La política radical fue reformista, pero no al punto de transformar las estructuras sociales del país. Yrigoyen intentó mejorar, mediante la intervención del Estado, la situación social de las clases desprotegidas, aunque con reformas parciales: se sancionaron la ley de alquileres, leyes de jubilación para algunos sectores, la ley de trabajo a domicilio, la reglamentación del pago de salarios, para que se realizara en moneda nacional, la prohibición de trabajo nocturno en las panaderías, y la jornada legal de ocho horas.

También tuvo la intención de dictar un Código de Trabajo, pero los distintos proyectos no fueron sancionados por el Congreso. Además, los empresarios violaban constantemente las leyes obreras: solamente en 1928, en Capital Federal, el Departamento de Trabajo comprobó 4.281 violaciones a leyes laborales. No se tenían en cuenta muchas leyes que se habían sancionado durante ese siglo, como la de descanso dominical, las que regulaban el trabajo de mujeres y menores, etcétera.

En relación con los gobiernos anteriores, Yrigoyen cambió el trato con los gremios, con los cuales intentó el diálogo y el arbitraje. Algunos autores señalan el hecho de que trató de evitar la violencia, y otros afirman que sólo empleó el diálogo donde le convenía ganar los votos obreros; que no hizo lo mismo con gremios cuya mano de obra estaba compuesta mayoritariamente por inmigrantes, o por militantes socialistas, anarquistas o foristas (de la FORA, Federación Obrera Regional Argentina).

Finalmente, están los que señalan que su buena voluntad fue quebrada por la irrupción de numerosos reclamos sindicales y sociales que transformaron la vida económica o paralizaron la actividad de los sectores agro-exportadores, y que debió obedecer a las presiones de los poderosos propietarios, que solicitaban la intervención del gobierno en los conflictos laborales. De 80 huelgas que hubo en 1916, se pasó al año siguiente a 138, y en 1919 a 367. Aún seguía vigente la Ley de Residencia, que permitía la expulsión de extranjeros sindicalistas, huelguistas o agitadores sociales, que no fue derogada por Yrigoyen. Los números de huelgas bajaron drásticamente cuando comenzó a aplicarse la represión.

Los sindicatos más activos que pusieron a prueba la paciencia de Yrigoyen fueron el de la Federación Obrera Marítima y el de los ferroviarios. En los conflictos con ellos se aplicó el arbitraje, que finalmente favoreció a los trabajadores. Cuando en ramales ferroviarios ingleses empeoraron las condiciones de los trabajadores y se lanzaron a la huelga, la patronal creó una Asociación Nacional del Trabajo, a fin de defender sus propios intereses, y se contrataron rompehuelgas, con lo cual se dio inicio a una represión más sistemática.

En diciembre de 1918 comenzó la huelga en los talleres metalúrgicos Vasena, que culminaría en la denominada Semana Trágica en enero de 1919. El origen de esta huelga fue el hecho de que, cuando aumentó la materia prima, los patrones bajaron los sueldos para mantener sus ganancias. Los obreros exigieron mejoras laborales: aumento del salario, jornada de ocho horas, pago de horas extras, abolición del trabajo a destajo y reincorporación de compañeros despedidos por mantener actividad gremial.

Los directivos contrataron rompehuelgas y matones armados, para evitar que los obreros les impidieran trabajar. Los carros con materiales eran custodiados por policías, y en un tiroteo murió uno de ellos, por lo que las “fuerzas del orden” les prepararon una emboscada. Una enorme multitud acompañó el entierro de los sindicalistas muertos, pero fue atacada a tiros desde los talleres; muchos grupos reaccionaron violentamente, y la ciudad fue un caos durante una semana, hasta que se desató la represión conjunta de policías, bomberos armados y el ejército.

La respuesta obrera fue llamar a la huelga general, pero la violencia costó la vida de cientos de personas. Los empresarios armaron, con el consenso y el entrenamiento del ejército, bandas parapoliciales que atacaron a rusos y judíos en general, a quienes acusaban de marxsistas (comunistas); y a los catalanes, por ser «anarquistas». Estos grupos se organizaron luego en la Liga Patriótica Argentina. Sus integrantes fueron reclutados entre los sectores medios, y la consigna era la defensa del orden, de la propiedad y de la nacionalidad, entendida ésta con un criterio xenofóbico y excluyente.

 

Las huelgas en la compañía quebrachera La Forestal

La compañía inglesa La Forestal adquirió grandes extensiones de tierras para explotar el quebracho colorado, en la zona del Chaco santafesino y en el norte de Santiago del Estero. Comenzó sus actividades en 1905. La tala de bosques fue un negocio muy rentable para los capitales ingleses, que obtenían maderas de postes, durmientes para las vías del ferrocarril, aserrín, el tanino que se utilizaba en las curtiembres y carbón vegetal, que se usaba como combustible.

La Forestal llegó a crear un verdadero «estado dentro del Estado Nacional», ya que controlaba puertos, ramales ferroviarios y estaciones dentro de sus propios dominios para el transporte de la madera; era propietaria de fábricas de tanino, obrajes y tiendas y poseía hasta un ejército privado. Como contracara de las riquezas obtenidas por esta empresa se veía la pobreza de los hacheros, carreros, cargadores y peones.

En La Forestal no se pagaba con moneda nacional, sino como una moneda propia (vales o fichas que se canjeaban solamente en los almacenes). Los peones eran migrantes de las provincias vecinas, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, traídos por los contratistas y mayoritariamente indígenas (mocovíes, tobas, guaraníes).

Si bien la empresa británica se opuso a todo tipo de organización y actividad gremial, en 1919 se produjo la primera huelga en La Forestal, por el reclamo de salarios más justos y condiciones de trabajo dignas. La FOM (Federación Obrera Marítima), que tenía organizaciones gremiales en todos los puertos del litoral, exigió a la compañía la contratación de obreros agremiados para las actividades de carga y descarga de rollizos de quebracho y tanino.

Además, contaron con la solidaridad de los obreros ferroviarios anarquistas del Ferrocarril Central Norte, que obstaculizaron el recorrido de los trenes durante la huelga para impedir el transporte de tropas. Pero La Forestal consideró agraviada su autoridad y comenzó con los despidos, la paralización de las fábricas y obrajes y de su flota de carga. También prohibió terminantemente el uso de ropas y pañuelos de color rojo.

En enero de 1921 comienza entonces la huelga grande. La compañía responde con despidos masivos y ofrece pasajes a los migrantes correntinos y santiagueños para que regresen a sus provincias. Se les pagaba para que se fueran, no una indemnización, sino un pasaje en tren, con el propósito de lograr la dispersión de los obreros rebeldes.

Los huelguistas ocuparon vagones y resistieron a la policía, resguardados detrás de las pilas de rollos de madera o refugiándose en los montes. La represión fue feroz, con la intervención de la policía provincial (enviada por el gobernador Mosca) y la policía privada.

Por otro lado, la empresa introdujo una fuerza de choque, los “Penachos Colorados o Cardenales”, que incendiaron el local de la Federación Obrera y las precarias viviendas de los trabajadores, propiedad de La Forestal, para forzar el desalojo. Durante la huelga, estas fuerzas actuaron en patrullas por los montes y líneas ferroviarias, por donde iban persiguiendo y capturando a los hacheros refugiados en los quebrachales. Hubo cientos de detenidos y muertos.

 

Las huelgas de la Patagonia

Los reclamos sindicales en la Patagonia comenzaron en los puertos, y fueron organizados por la Federación Obrera Marítima y por el Centro de Oficios de la ciudad de Río Gallegos; luego se extendieron al sector rural, en las estancias de la provincia de Santa Cruz. Los propietarios de estancias ovinas, extranjeros y argentinos, ligados al negocio de exportación de lana, integraban la Sociedad Rural de Santa Cruz.

Para los peones rurales, las condiciones de trabajo eran miserables: los galpones donde dormían no tenían ventilación ni catres con colchones, tenían que pagar sus velas, no tenían permisos para ir al pueblo y no podían hacer reuniones.

En noviembre de 1920 se presentó una propuesta que fue rechazada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y los grandes propietarios ganaderos, por considerar excesivos los reclamos: salario mínimo, luz y tres comidas diarias pagadas por el patrón, un botiquín con instrucciones en castellano, sábados por la tarde libres, el reconocimiento de la Federación Obrera y la designación de un delegado en cada una de las estancias.

La respuesta del gobierno de Santa Cruz fue clausurar el local sindical, detener a su secretario y a otros dirigentes obreros, y embarcar a los detenidos en buques de guerra, para deportarlos.

Como consecuencia de esto, en 1921 estalla la huelga general. Los huelguistas solicitan la libertad de los presos y la vuelta de los deportados. El conflicto se agrava y los estancieros comienzan a desalojar a los peones. En la ciudad de Río Gallegos no se trabaja, los puertos están paralizados y también se paralizan las tareas rurales. Los obreros hacen paro en el frigorífico Swift. Los peones y esquiladores comienzan a ocupar las estancias, tomando como rehenes a los propietarios, administradores o capataces.

Mientras los comerciantes y los ganaderos envían mensajes al presidente Yrigoyen, quien también recibe presiones del embajador británico, los diarios de la capital denominan “bandoleros” a los peones en huelga y publican las pérdidas ocasionadas por los huelguistas (alambrados, caballadas, animales carneados, incendio de galpones y de fardos de lana).

Finalmente, desde Buenos Aires partieron las tropas del Ejército al mando del teniente coronel Héctor Varela, quien estará al mando de la represión junto con los propietarios rurales que integran la Liga Patriótica. El escarmiento fue feroz. En cada estancia, los grupos de peones que se rendían al ejército eran formados en fila, encerrados en galpones o corrales, rapados con las máquinas de esquila o atados desnudos a los alambrados. Varela dio la orden de fusilar por tandas a todos los huelguistas, a quienes previamente les hacía cavar sus propias fosas. En todo el territorio de Santa Cruz fueron fusilados unos 1500 peones rurales.